Un caso emblemático del terrorismo de Estado en San Martín

Esta Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia -a 46 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina- resulta un momento oportuno para reflexionar sobre los años más oscuros del país. Y uno de los casos más emblemáticos de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en San Martín y que finalmente llegó a los estrados judiciales lo constituyó el del ex concejal José María Castiñeiras.

Castiñeiras tenía 34 años cuando fue secuestrado el 30 de abril de 1976 en la casa de sus padres, en Rivadavia 470 de San Martín. Militaba en el peronismo ortodoxo, lideraba la bancada justicialista en el Concejo Deliberante desde 1973 y era uno de los referentes de la organización Comando Evita, de las más importantes en el PJ de San Martín. También estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

Las fuerzas represivas estaban al acecho y ya habían allanado ilegalmente la casa de Hurlingham en la que vivía con su esposa Sara Cúneo y sus dos hijos, José María (4) y Juan Manuel (3). 

Ya habían secuestraron a su padre, que se llamaba igual, y que fue torturado y alojado en la comisaría 1ra. de San Martín antes de ser liberado. Pero producto de los tormentos, “sufrió un ataque de presión y quedó hemipléjico, hasta que falleció. Mi marido iba a verlo hasta que lo secuestraron”, recordó años después Sara en diálogo con el periodista Franco Mizrahi de Infojus.

El segundo operativo en Hurlingham se produjo a las pocas noches del primero. “Estaba con mi hijo Juan Manuel cuando escuché unos golpes fortísimos. De golpe entraron los soldados. Habían rodeado la manzana de mi casa y el helicóptero la alumbraba. Yo estaba al borde de la locura”, rememoró Sara.

Y en la madrugada del 30 de abril de 1976, Sara fue víctima del tercer allanamiento ilegal. “Esa vez, entraron hombres de civil. Dieron vuelta la casa y el que comandaba el operativo nos apuntó a Juan Manuel y a mí e hizo que disparaba. Después se fueron. Me quedé dura. Cuando se hizo de día, agarré a mi hijo, me fui a una estación de servicio cercana y desde un teléfono público llamé a mi suegra. Cuando me atendió, estaba en shock. A los gritos, me dijo que se habían llevado a José María. Entonces, empezó nuestro peregrinaje”, aseguró Sara.

La familia de José María supo en aquel momento que había sido llevado a la Comisaría 2da. de Villa Ballester y luego a Campo de Mayo, sin tener noticias posteriores de su paradero. El Estado ya se había convertido en un aparato de terror que devoraba personas de a miles a lo largo y ancho del país y condenaba a sus familias a la más completa incertidumbre.

“Mis hijos eran pequeños y vivieron momentos de horror imborrables”, afirmó Sara. El que más lo sufrió fue su hijo mayor que “estaba en lo de mis suegros y presenció el secuestro de su padre”.

La hora de la Justicia

Tras largos años de impunidad, comenzando por la autoamnistía militar, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impulsadas por el gobierno de Raúl Alfonsín y los decretos de indulto de Carlos Menen, de a poco fue abriéndose paso la actuación de la Justicia para reparar en parte el horror de aquella dictadura, con los pocos verdugos que no habían fallecido.

Tras la anulación de las leyes y decretos de impunidad a partir del 2003, se reabrieron los expedientes judiciales y en 2015 se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín el juicio por los crímenes cometidos en San Martín con personas secuestradas en la Comisaría 2da. de Villa Ballester, incluido el caso de José María Castiñeiras.

Y fue el 4 de diciembre de 2015 cuando los jueces Marta Isabel Milloc, Diego Gustavo Barroetaveña y María Lucía Cassain condenaron a los tres acusados: el ex comandante de Institutos Militares, Gral. Santiago Omar Riveros; el ex director de la Escuela de Caballería y director del Área de Operaciones 430 con jurisdicción en San Martín, Rodolfo Feroglio; y el ex comisario Carlos Daniel Caimi, que estuvo a cargo de la Comisaría 2da. entre 1975 y 1977.

Las penas fueron de 25 años de prisión para Riveros y Feroglio, mientras que a Caimi lo condenaron a 12 años de prisión. Los delitos cometidos fueron allanamiento ilegal, privación de libertad agravada e imposición de tormentos agravados. Después de tantos años de impunidad había llegado la hora de la Justicia para la familia de José María y otras tantas víctimas.

Al confirmar las condenas el 16 de mayo de 2018, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal consideró probado que "la Comisaría de Villa Ballester, Seccional 2da. San Martín de la Policía de la provincia de Buenos Aires, funcionó al menos durante el año 1976 como un centro clandestino de detención y torturas”.

“Se tuvo por probado también, que por aquella dependencia pasaron a lo largo de ese año 1976 al menos doce personas que son víctimas de los hechos juzgados en la presente causa: Elio Julio Barroso, Luis Fernando Sacomani, B.R.C., José María Castiñeiras, M.C.M.B., A.M., Ángel Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Galsynski, Ricardo Ponteprino, Enrique René Ibalo y Amelia Noemí González”, precisaron los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky. Varias fueron víctimas de abusos sexuales, por eso se resguardó su nombre en la sentencia.

La Cámara estableció que “los detenidos eran conducidos por una escalera hasta una habitación de la planta superior y allí eran interrogados y torturados” y expresó que "en el lugar todas las víctimas que allí fueron conducidas resultaron alojadas en pequeñas celdas, sin baño, no había camas, las condiciones de higiene eran nulas y no se les proporcionaba comida. Este escenario comprobado produjo, como es lógico, un estado de privación y angustia de una intensidad que excedía los inevitables niveles de padecimiento propios de una detención y que por tanto equivalen a un trato inhumano y degradante".

Quedó comprobado que “José María Castiñeiras fue privado ilegalmente de la libertad el día 30 de abril 1976 en horas de la mañana al salir de la vivienda de sus padres, por un grupo de cuatro personas armadas, que descendieron de un automóvil blanco sin patente al que fue obligado a subir. Luego fue visto en la Comisaría de Villa Ballester donde fue sometido a interrogatorios mediante la aplicación de torturas en reiteradas oportunidades."

Antes de la condena, Sara reclamó un “castigo ejemplar” para los verdugos y “encontrar los restos de mi marido”. Y concluyó: “Merecería tener un lugar donde llevarle una flor. Es lo menos que un ser humano necesita: un lugar donde llorar a su ser querido”. 

José María Castiñeiras permanece desaparecido.

Fuente: Infojus Noticias