César Ciallella, titular de la UCEDE San Martín, dialogó con vecinos, propietarios e inquilinos el sábado pasado y advirtió que “según la ley, la única intermediación válida es la de un martillero matriculado”. Y concluyó que “en vez de seguir sumando confusión y actores, lo que hay que hacer es remover obstáculos”.

“Por donde uno la mire es una iniciativa complicada”, señaló César Ciallella, titular de la UCEDE San Martín, en relación a la “Inmobiliaria Pública Municipal”, presentada por el diputado nacional bonaerense Leo Grosso, el pasado lunes 19.

Tras conocer la iniciativa, Ciallella encabezó el pasado sábado 24 una caminata con vecinos y consultó opiniones de inquilinos, propietarios y martilleros y criticó la idea por la confusión que generaría y los costos que insumiría, entre otros aspectos. 

La iniciativa de Grosso se propone crear “un ámbito específico para coordinar y articular los instrumentos necesarios para construir, de manera progresiva, relaciones más justas, seguras y equitativas en el mercado inmobiliario”.

A su vez, entre sus objetivos se señala “facilitar el acceso justo y sencillo a la vivienda en alquiler, en todas las etapas de la relación locataria”, además de “ser órgano mediador ante conflictos de intereses que puedan producirse entre inquilines y/o propietarios”.

APUNTAR A MODIFICAR LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Ubicado en la vereda de enfrente, Ciallella dijo a este medio que “hay un problema previo con la ley de alquileres que todos padecemos o conocemos. Y hay que apuntar a modificar la legislación nacional que regula el tema, porque en este momento están siendo perjudicados por esa ley tanto los inquilinos como los propietarios y martilleros”.

Y, puntualmente sobre el proyecto presentado en San Martín, dijo:

-Nos llama la atención que el diputado nacional Leonardo Grosso, que promueve esta iniciativa y el Movimiento Evita del que forma parte, votaron a favor de esa ley de alquileres. Y que habiendo rechazado su banca de concejal, en vez de estar promoviendo una ley que resuelva el problema y el conflicto que se generó con ella, venga al territorio a inflar aún más la dimensión del Estado municipal.

-¿Qué aspectos concretos del proyecto cuestiona?

-Esa oficina implica más gastos del erario público y más empleados. Además, según la ley, la única intermediación válida es la de un martillero matriculado. Y en ese punto la propuesta es ilegal. Por donde se la mire, es complicada. En vez de seguir sumando confusión y actores, lo que hay que hacer es remover obstáculos y despejar el camino.

-¿Qué reacciones generó el tema en las personas que consultó?

-Genera dudas en los propietarios, hubo una retracción en el mercado en su momento por la ley y ahora le sumamos a nivel local un nuevo temor. Y los más perjudicados son los más débiles, esto hace que haya menos oferta y los precios más caros.

-¿En qué consistió la actividad que hicieron el sábado?

-Hicimos una caminata por el barrio donde participaron martilleros, inquilinos y propietarios. Hay gente preocupada, si quisieron generar algo positivo lograron todo lo contrario.

-¿Qué opina que el Estado municipal asuma esa función de mediación entre las partes?

-La iniciativa parte de un preconcepto de que el Estado puede resolver todo. Y nosotros creemos que tiene funciones indelegables y esenciales, pero muchas otras donde sólo entorpece la actividad comercial y más con algo tan sensible como la vivienda de las personas. Si seguimos sumando actores esto se va encareciendo, es una cuestión de costos. La oficina municipal conlleva burocracia y además ya existe una oficina de mediación municipal.

Sebastián Cejas