La División Antifraudes incautó expedientes y legajos de supuestos empleados fantasmas

El pasado miércoles 5 de junio, efectivos de la División Antifraudes de la Policía Federal se presentaron nuevamente en la Municipalidad de San Martín para llevarse material. La primera visita había sido a mediados del pasado mes de mayo, show mediante.

Desde el Gobierno municipal no hablan de allanamiento. “Fue un pedido de documentación”, aclararon desde el MSM a este medio horas después de la llegada de la Policía al edificio municipal. “No se entiende por qué no lo piden como un trámite judicial normal, así se entrega directamente; no hay necesidad de la presencia policial, no tiene ningún sentido”, reprocharon ante el despliegue del operativo y agregaron que “de hecho han habido entregas habituales de documentación que fueron solicitando todo el tiempo, de varios juzgados, por cualquier causa, ningún juez pide allanamiento por un legajo de empleados”.

Durante la misma tarde del miércoles, dijeron que habían ido “a traer papeles que se habían llevado la otra vez y a llevarse otros” en Recursos Humanos, aunque los rumores aseguraban que estaban en Contaduría y Tesorería.

Lo cierto fue que en esta oportunidad, sin tanto despliegue como la vez anterior, se habrían llevado legajos de más de 400 empleados que fueron incorporados durante 2023, por orden de la jueza federal Alicia Vence.

La causa se inició en diciembre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido por figurar como empleado municipal con un sueldo de 300 mil pesos. Luego, se descubrió que un empleado cobraba con tarjetas de crédito de presuntos trabajadores municipales fantasmas.

Ante aquel primer allanamiento, desde el Municipio aseguraron que colaboraron durante el operativo judicial y expresaron que ellos son “los principales interesados en que se esclarezca el hecho”. Además, aseguraron que en marzo pasado se presentaron como querellantes, pero la jueza denegó el pedido.

A mediados de mayo, el intendente Fernando Moreira fue acusado por presunta defraudación pública y la jueza Vence le prohibió salir del país, así como a otros cuatro funcionarios municipales: José María Fernández, Héctor Rey, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor.

La investigación continúa, habrá que esperar la resolución.