La presión tributaria es un sistema agotado que perjudica al vecino y a la actividad económica. Por eso, necesitamos cambiar el modelo

Por Andrés Petrillo *

En la agenda pública, desde hace unos años, está en discusión y análisis la forma en que el Estado aplica impuestos y tasas para financiar su operatividad, mejorar los servicios públicos o transformar la infraestructura de una ciudad. Hay ejemplos en donde se ha logrado, como en CABA o Vicente López y, otros que sólo aplican una enorme presión tributaria con pobres o escasas prestaciones hacia la ciudadanía.

En el municipio de General San Martín el problema no es solo cuánto se cobra, sino cómo y para qué se cobra. El esquema tributario municipal se ha vuelto con los años ineficiente, regresivo y desconectado de los servicios que dice financiar, generando una presión creciente sobre vecinos, industriales y comerciantes sin resolver los déficits estructurales del Estado local.

Las principales fuentes de ingresos propios del Municipio son las tasas de Seguridad e Higiene y la de Aseo, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos (ALSMI). Año tras año esta tasa aumenta sistemáticamente por encima de la inflación, pero aun así no alcanza para cubrir dos de los principales gastos corrientes de la gestión: la masa salarial y el costo de la recolección de residuos. Sin la asistencia de la coparticipación provincial, el sistema simplemente no cierra.

Este dato revela una verdad incómoda: el problema fiscal de San Martín no es de ingresos sino de diseño y de gasto. Lejos de corregirse, este esquema se fue agravando mediante la incorporación de una serie de sobretasas porcentuales que se calculan sobre la ALSMI, transformando lo que debería ser una tasa por servicios en un verdadero impuesto encubierto. Hoy los vecinos pagan, además de la tasa base:

   •   35% en concepto de Tasa de Recuperación Vial, en un distrito con calles deterioradas y baches crónicos.

   •   5,5% para una Tasa de Seguridad Ciudadana, en un contexto de creciente inseguridad.

   •   1,5% para colaborar con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, una fuerza cuya financiación es responsabilidad provincial.

   •   3% para el nuevo Hospital Municipal Thompson, una obra que lleva más de una década sin concluirse.

   •   3% para Emergencias Médicas, un servicio limitado y de alcance restringido.

   •   2,5% para Bomberos y Defensa Civil, servicios esenciales que deberían financiarse con recursos generales y no mediante parches tributarios.

Este mecanismo de apilar porcentajes sobre porcentajes desnaturaliza por completo el concepto de tasa, ya que no existe una relación directa, verificable y proporcional entre lo que se cobra y el servicio efectivamente prestado. El resultado es un sistema opaco, difícil de explicar y aún más difícil de justificar.

A este cuadro se suma la Tasa de Seguridad e Higiene, que grava a comercios e industrias mediante alícuotas sobre la facturación bruta. Se trata de un tributo que no guarda ninguna relación con el costo del servicio que debería prestar el Gobierno local y que termina funcionando como un impuesto a la actividad económica, castigando a quienes producen, invierten y generan empleo.

En la práctica, la intendencia cobra como si fuera una provincia o la Nación, pero sin asumir las responsabilidades ni brindar los servicios que esos niveles del Estado garantizan. Esta lógica no solo desalienta la actividad económica, sino que erosiona la legitimidad del sistema tributario y profundiza la desconfianza de los contribuyentes.

Por eso, San Martín necesita con urgencia una reforma fiscal integral, basada en tres principios básicos:

1. Transparencia: cada tasa debe tener un destino claro, medible y auditado.

2. Correspondencia: lo que se cobra debe estar directamente vinculado al costo real del servicio prestado.

3. Equidad y racionalidad: menos tasas superpuestas, menos parches, y una estructura tributaria más simple y justa.

Reformar no significa desfinanciar a la Municipalidad, sino ordenar, priorizar y administrar mejor. Un sistema tributario más justo y eficiente no solo alivia a vecinos y comerciantes, sino que fortalece al propio Estado municipal, devolviéndole previsibilidad, credibilidad y sustentabilidad.

San Martín no necesita seguir aumentando tasas: necesita cambiar el modelo.

* Concejal de Gral. San Martín (PRO), arquitecto y profesor universitario FADU-UBA