Leo Grosso impulsó la ''Inmobiliaria Pública Municipal'' en San Martín

Durante un encuentro realizado en la tarde del pasado lunes 19 en el Club Social Central Argentino de San Martín, el diputado nacional bonaerense oriundo de San Martín, Leo Grosso, lanzó la iniciativa “Inmobiliaria Pública Municipal”, en lo que calificó como “una respuesta local a una problemática estructural”.

Entre los fundamentos del proyecto, que será presentado en el Concejo Deliberante local por la concejala Carolina Pedelacq, se destaca que “a los fines de avanzar en el desarrollo de políticas públicas en materia de viviendas en alquiler”, se propone crear “un ámbito específico para coordinar y articular los instrumentos necesarios para construir, de manera progresiva, relaciones más justas, seguras y equitativas en el mercado inmobiliario”.

A su vez, entre sus objetivos se señala “facilitar el acceso justo y sencillo a la vivienda en alquiler, en todas las etapas de la relación locataria”, además de “ser órgano mediador ante conflictos de intereses que puedan producirse entre inquilines y/o propietarios”.

También se busca “fomentar la institucionalización del mercado de alquileres, sobre todo en los contratos de palabra, mediante beneficios impositivos a los locadores” y “generar instrumentos que faciliten la estabilidad en el alquiler, permitiendo a quienes alquilan proyectar su futuro habitacional, haciendo efectivo su derecho básico de tener un lugar para vivir”.

El primero en hablar fue Leandro Vera, del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), quien describió los resultados de una investigación sobre el mercado inmobiliario tras la pandemia donde “no hubo un Estado que pudiera darle seguridad a los inquilinos”, tras la ley sancionada por el Congreso de la Nación. “La ley se debe hacer cumplir con políticas específicas ante intentos de derogarla”, concluyó.

Ariel Wilkis, de IDAES (Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales), de la UNSAM, consideró que “hoy uno de los lugares donde se producen las mayores injusticias, situaciones de explotación y sufrimiento es en el mercado de alquiler”.

“Ahora hay una agenda desarrollada por las organizaciones sociales, de derechos humanos, la política y la universidad que nos permite pensar en términos de derechos de los inquilinos para tener una sociedad más justa y solidaria”.  

A su turno, Maximiliano Vittar,  del “Movimiento Nacional de Inquilinos”, señaló que “se necesita un rol activo del Estado para garantizar un derecho constitucional en la Argentina y no se trate como un derecho del mercado”.

“La pandemia trajo una mayor desigualdad y sin la ley de alquileres la crisis de la vivienda se hubiera profundizado más”, continuó antes de pedir “un rol mucho más activo del Estado en equilibrar la situación de desigualdad que existe en el acceso a la vivienda propia”.   

Luego, Denise Fiquepron, de “Inquilinos San Martín”, consideró que “se trata de una materia donde el Estado se corrió desde la última dictadura y tercerizó al mercado inmobiliario donde hay una gran asimetría entre las partes”.

“La gran mayoría de la población no tiene ingresos estables y sin el apoyo del Estado se encuentran hostigados ante situaciones muy violentas”, describió antes de precisar que “el acceso a la vivienda es un derecho”. 

También estuvieron presentes en el encuentro Hernán Ienco y Diego Faggioli, de la Cámara de Comerciantes Gastronómicos de San Martín.

Referente de la agrupación “Futuro San Martín”, Leo Grosso cerró el encuentro con una descripción del proyecto y adelantó que se trata de “una propuesta de cara a qué San Martín queremos construir”.

“Esta idea generó mucho revuelo y preguntas, pero queremos que se ponga arriba de la mesa, para debatir con el conjunto de nuestra comunidad y trabajar en este ámbito ante la falta de políticas públicas a la hora de pensar en el acceso a la vivienda”, continuó.

“Hay una regulación del mercado que supone una desregulación de los alquileres y un crecimiento de la dolarización de las transacciones”, expresó antes de destacar la necesidad de impulsar una política con cooperativas de viviendas.

También precisó que “fue bajando la cantidad de inquilinos y subiendo la de propietarios”, y que “el sueño de la casa propia fue quedando atrás”.

Agregó que “el 30% de la población en San Martín es locataria” y la mitad no está regulada ni registrada, lo que muestra “una precarización del acceso al mercado de alquileres”.

“Queremos que el Estado comience a meterse y regular, apoyando determinadas políticas públicas en ese mercado que no es marginal en cuanto a números y no se considere un conflicto entre privados”, señaló.

“Este proyecto no va a reemplazar a las inmobiliarias tradicionales pero va a garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales, para garantizar a los inquilinos el accesos justo a la vivienda”, concluyó.

Sebastián Cejas