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El marco regulatorio es la Ley 24467, que establece la creación de las Sociedades de Garantía Recíproca, en ese contexto, la Ley OBLIGA al Estado Nacional a la creación de un fondo de garantía que será compuesto por líneas específicas del Banco de la Nación Argentina, lo mismo que organismos de crédito internacionales.  Asimismo, ese fondo garantizará que las condiciones de acceso al crédito sean ventajosas para las PyMEs, que cumplan con determinadas condiciones propias y del ámbito en que se desarrollan.

A partir de ahí se crea la figura de las Sociedades de Garantías Recíprocas (título II de la mencionada Ley), entidades financieras que actúan como garantes de los créditos que puedan obtener las PyMEs, mejorando las condiciones de cobrabilidad del acreedor, y que permiten mejor financiamiento.

La figura de SGR, fue pensada para dar a las PyMEs un apoyo en la consecución de créditos, cuando sus propias condiciones de garantías no son suficientes para el acceso.  En números redondos se calcula que son más de 100.000 PyMEs las que participan del sistema con un movimiento aproximado de 2.85 billones de pesos mediante este sistema.  Según los cálculos de la UIA, el sistema podría alcanzar hasta $3,8 billones en garantías, lo que ampliaría de manera significativa la inclusión crediticia.

En la reciente modificación, el Estado Nacional no deroga esa figura de SGR, pero modifica las condiciones impositivas en un recorte de beneficios para quienes participan como socios protectores (aportantes al sistema, mediante la suscripción de acciones en las SGR) y para los tomadores de los créditos. Por un lado, los aportes al fondo de riesgo en carácter de “socios protectores” dejan de gozar de exención al Impuesto a las Ganancias, haciéndolos menos atractivos para inversores y reduciendo el capital disponible para avales. Por otra parte, la reforma suprime la exención del IVA sobre las cuotas pagadas por las empresas, lo que incrementa los costos directos para las PyMEs que buscan acceder al sistema.

Las SGR emiten avales que respaldan las operaciones de crédito de las PyMEs ante terceros (bancos, proveedores, etc.) generando que existan mejores condiciones de crédito (tasas, plazos, etc.), mayor acceso al financiamiento, diversificación de fuentes de financiamiento.

Es evidente que la derogación de los beneficios mencionados no sólo perjudica a los llamados socios protectores, sino que genera dificultades nuevas a las PyMEs, que ya enfrentan dificultades para acceder al crédito y, ahora verán aún más limitado su financiamiento público y privado (préstamos, obligaciones negociables, etc.), sobre todo observando el horizonte de largo plazo.  Como ejemplo valga los casos regionales, donde Argentina solo tiene participación del crédito en esas inversiones de solo el 11% del PBI, siendo el promedio regional el 60%.

Si bien es importante la manutención del equilibrio fiscal, es fundamental mantener y ampliar las condiciones para el financiamiento de los sectores productivos, sin desmedro de otros sectores que también se encuentran postergados.

Es importante evitar falsas dicotomías en el debate público: el fortalecimiento de sectores productivos también contribuye al equilibrio fiscal y al bienestar social. El estímulo correcto de los sectores productivos no solo mantendrá el equilibrio fiscal, sino que tenderá a la expansión del mercado interno y mejora de la balanza comercial, y la participación de posibles entidades de crédito internacional mejorará las condiciones de acceso al crédito al adecuarse a estándares internacionales.

Unión Industrial de Gral. San Martín